Estudio sugiere que servicios públicos de energía San Diego podrían ahorrar 500 dólares anuales a residentes
Un reciente análisis encargado por la ciudad de San Diego ha puesto sobre la mesa un debate crucial para la economía local: la posibilidad de transformar el modelo energético actual hacia uno de control público. Según el estudio, la implementación de servicios públicos de energía San Diego bajo un esquema municipal podría traducirse en ahorros anuales de aproximadamente 500 dólares por cliente a largo plazo.
El informe, desarrollado por la firma consultora NewGen Strategies and Solutions, LLC, evalúa la viabilidad de que la ciudad adquiera la infraestructura eléctrica que actualmente opera San Diego Gas and Electric (SDG&E). Aunque se estima que el costo de adquisición oscilaría entre los 2.4 y 7.6 mil millones de dólares, los autores del estudio sostienen que los beneficios a largo plazo superarían con creces esta inversión inicial.
La propuesta de fortalecer los servicios públicos de energía San Diego mediante la municipalización busca, principalmente, eliminar la necesidad de generar ganancias para accionistas privados. Al ser una entidad pública, la gestión se centraría en la reinversión de excedentes para mejorar la infraestructura, reducir costos operativos y ofrecer tarifas más competitivas a los residentes.
Isaiah Glasoe, coordinador del grupo de defensa Public Power San Diego, señaló que el estudio se realizó bajo premisas conservadoras y, aun así, demuestra que el modelo es financieramente superior. La idea es que, con el paso de las décadas, los ahorros se compongan y permitan una mayor estabilidad económica para las familias locales, quienes han visto un incremento constante en sus facturas de energía durante los últimos años.
Por su parte, SDG&E ha rechazado categóricamente los hallazgos del informe, calificándolo de “defectuoso”. La empresa argumenta que el estudio subestima los costos reales de separar la infraestructura eléctrica de la red regional, además de omitir riesgos críticos relacionados con la seguridad, la fiabilidad del servicio y la responsabilidad ante incendios forestales.
La compañía eléctrica, que valora sus activos en 9 mil millones de dólares, advirtió que los requisitos establecidos por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) no fueron debidamente considerados. Según SDG&E, cumplir con estas normativas implicaría gastos multimillonarios no contemplados en el reporte, lo que podría anular cualquier beneficio proyectado para los usuarios.
El impacto de esta decisión es significativo para la comunidad, especialmente considerando que, a finales de 2025, más de uno de cada tres clientes en la región presentaba retrasos en sus pagos de servicios básicos. La posibilidad de acceder a servicios públicos de energía San Diego con tarifas más bajas representa, para muchos defensores, una medida necesaria para aliviar la presión financiera en los hogares.
Además del factor económico, el estudio destaca que un modelo de propiedad pública permitiría un mayor control local. Esto facilitaría que las decisiones sobre la red eléctrica se alineen de manera más directa con los objetivos climáticos y de equidad social de la ciudad, permitiendo una gestión más transparente y cercana a las necesidades de los habitantes.
Sin embargo, el camino hacia una transición de esta magnitud es complejo. Los expertos estiman que, incluso sin obstáculos legales mayores, el proceso de municipalización podría tomar al menos una década. En caso de que no se llegue a un acuerdo de compraventa entre la ciudad y la empresa privada, el proceso podría extenderse aún más mediante el uso de dominio eminente.
Este análisis representa la llamada “Fase II” de un estudio de viabilidad que comenzó tras la presión comunitaria en 2020, cuando se venció el contrato de franquicia anterior. Aunque el tema aún no ha sido incluido en la agenda del cabildo municipal para una discusión formal, el debate sobre el futuro de los servicios públicos de energía San Diego continúa ganando relevancia en la esfera pública.
A medida que la ciudad evalúa los siguientes pasos, la discusión se mantiene abierta entre quienes ven en la energía pública una oportunidad histórica de ahorro y control local, y quienes advierten sobre los riesgos financieros y operativos de alterar un sistema que, aunque costoso, es la base de la infraestructura energética regional actual.
