Fernando Martínez García, teniente coronel retirado de Infantería del Estado, instó en julio de 2022 a implementar un sistema para controlar el acceso de vehículos irregulares -popularmente llamados “chocolate”- desde Estados Unidos, porque las “mafias” los siguen internando. en masa en México.
“Cerca de 65.000 vehículos ingresan diariamente a Tijuana por sus dos retenes (50.000 por El Chaparral y 15.000 por Otay), sin posibilidad de fiscalizaciones con personal de Aduanas ni apoyo tecnológico para hacerlo de manera eficiente”, dijo Martínez García, en un correo electrónico, citado por el diario Reforma.
La información difundida por el citado diario, el 17 de octubre de 2022, se basó en datos que el “grupo internacional de hackers”, autodenominado Guacamaya, obtuvo de al menos 6 terabytes de información confidencial, a través de correos electrónicos (que incluye textos, archivo adjuntos, cartas, videos), alojados en servidores del Ministerio de la Defensa Nacional, con fecha de 2016 a septiembre de 2022.
“[…] si bien existe una tecnología parcial, en realidad no ayuda a identificar la situación jurídica de estos vehículos y personas, ya que no están vinculados a una base de datos de vehículos o criminales”, dijo el Teniente Coronel de Infantería Graduado del Estado. jubilado. , en uno de los correos de la SEDENA hackeados por Guacamaya.
“Si bien el decreto del titular del Poder Ejecutivo para matricular los vehículos denominados chocolate en el territorio nacional trae beneficios a un sector específico de la ciudadanía y permite el control de quién se matricula, no es una solución al 100% al problema, ya que la llave de entrada a nuestro país debe estar literalmente cerrada”, agregó el administrador de la Aduana de Tijuana.
“Los vehículos de chocolate siguen entrando apoyados en lo que la propia ley permite: ser conducidos por un residente estadounidense”, insistió Martínez García, quien también señaló que el 90% de estos autos se utilizan para delinquir, porque son prácticamente descartables.
Solo en Baja California circulan alrededor de 800,000 vehículos “chocolatados”. El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador comenzó a regularizar estos autos en octubre de 2021, con un cobro de 2,500 pesos y mediante un decreto presidencial que ha ido extendiendo su vigencia y en los estados que abarca.
Entre marzo y septiembre de 2022, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadanía (SSPC) informó haber regularizado 557 mil vehículos en 13 estados, 124 mil de ellos en Baja California, con una recaudación de más de mil 390 millones de pesos, que en teoría tienen como destino para tapar agujeros.
En otro informe dirigido “a la superioridad” -también citado por Reforma-, Martínez García indicó que el corredor de exportación de Tijuana -2,5 kilómetros paralelo a la línea fronteriza con Estados Unidos- está asediado por narcotraficantes, contrabandistas, vendedores ambulantes y otros grupos delictivos. , que ya ha generado quejas por parte del gobierno estadounidense.
Con 20 metros de ancho, el corredor que conduce a la Aduana de Tijuana tiene dos dueños: el Gobierno Federal, a través del Instituto de Administración y Valoración del Patrimonio Nacional (INDAABIN), tiene dos kilómetros, pero los otros 500 metros pertenecen a una privada que opera una nave industrial en el lugar. Todos los días, entre 3.500 y 4.000 camiones utilizan esta vía para exportar a Estados Unidos.
“El corredor de exportación carece de mantenimiento, vigilancia y seguridad. [Hay] actos de contrabando de migrantes que aprovechan su falta de vigilancia para saltar el muro; ingresan a los camiones, se esconden en la carga y entran a Estados Unidos, además de posible contaminación de la mercadería con algún tipo de droga (ponen la droga en algún lugar del vehículo, sin que el chofer se dé cuenta) y vendedores ambulantes”, dijo Martínez García. .
“Todo este descontrol provoca una serie de actividades que perjudican la economía y provocan incertidumbre en los usuarios, además de la observación del gobierno de Estados Unidos”, agregó el teniente coronel retirado de la infantería graduada estatal.
Martínez García indicó que las empresas más afectadas son Toyota, Samsung y Hyundai. Asimismo, una de las situaciones a las que el funcionario federal atribuye este descontrol es que el contrato de seguridad privada con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) venció en febrero de 2022 y no fue renovado, por lo que 80 elementos de la Guardia Nacional ( GN) pretendían abastecer y monitorear 25 hectáreas del área fiscal, más las cinco hectáreas del corredor.
Ante ello, el Teniente Coronel de Infantería del Estado en retiro solicitó la expropiación de los 500 metros del corredor que son de propiedad privada, para incorporarlos íntegramente al área fiscal. El citado diario también recordó que el 25 de julio de 2022 manifestantes bloquearon las vías que conducen al corredor de exportación, por lo que Martínez García convocó a una reunión a varios funcionarios federales y estatales, cinco de ellos militares que actúan en la ANAM, como ll like GN y la Oficina de Seguridad Pública local.
