El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anticipó que el próximo año está prevista la instalación de una oficina de la Secretaría de Migrantes (Semigrantes) en Tijuana, para atender y apoyar a más de 3,000 mujeres y hombres michoacanos que se encuentran en situación de desplazamiento forzado.
En reunión de trabajo y seguimiento de las acciones de coordinación entre los gobiernos de Michoacán y Baja California, el mandatario presentó estrategias para fortalecer mecanismos y programas de apoyo en beneficio de las personas y familias desplazadas por la violencia.
“El compromiso para el próximo año es instalar aquí una oficina permanente del Gobierno de Michoacán para la atención de migrantes con perspectiva de género, mantener el vínculo con organismos internacionales como Unicef y con organizaciones no gubernamentales para trabajar en derechos humanos. protección de los derechos”, comentó.
Ramírez Bedolla destacó que, junto a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se está dando seguimiento a estas y otras acciones para la atención integral de este sector.
En ese sentido, la Secretaria de Migrantes (Emigrantes), Brenda Fraga Gutiérrez, comentó que en Michoacán se diseñó un modelo de trabajo integral para que se aborde el tema migratorio de manera transversal, como lo es el Comité Interinstitucional para la Atención al Desplazamiento Forzado, una propuesta para fortalecer la legislación en derechos humanos, además de monitorear más de 100 hogares de migrantes detectados en Tijuana.
La subsecretaria de Asuntos Migratorios del gobierno de Baja California, Adriana Espinoza Nolasco, informó que el gobierno brindó servicios de entrega de documentación oficial, así como alimentación y asilo en albergues de Tijuana y Mexicali.
En tanto, el secretario de Gobierno de Baja California, Catalino Zavala, celebró el mantenimiento de la comunicación con Michoacán para incluir nuevas propuestas en el proyecto de obra para su posterior ejecución.
A la reunión también asistieron representantes de la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, UNICEF, parlamentarios, entre otros.
